La reforma de la LOU podría aumentar los casos de 'juego sucio' en la Universidad

El día de Nochebuena fue la fecha que se eligió el Departamento de Maribel Fernández en la Autónoma de Barcelona para poner en juego la plaza de profesor titular que ella perseguía. Fue una de las muchas estrategias urdidas tras el telón de acero de los despachos y el paraguas legal de la "discrecionalidad técnica" de las comisiones.

Es más, la de Maribel es sólo una de las historias que se relataron la pasada semana en el II Congreso sobre Corrupción en la Universidad española, celebrado en la Escuela de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de la Politécnica de Madrid.

A Gabriel Laguna, por ejemplo, le hurtaron una plaza de profesor titular en Jaén pese a que había disfrutado de ese rango académico en Extremadura durante 11 años y la elegida (candidata de la casa) era una catedrática de instituto con sólo un año de experiencia como profesora asociada. Aunque tarde para Gabriel, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía impuso la cordura y la justicia al obligar a repetir el concurso por sus arbitrariedades.

También han sido escuchadas las quejas de la profesora Isabel Núñez, tras años de sufrir el vacío de sus compañeros de departamento y la discriminación en las plazas docentes que se iban convocando. El Consejo de Coordinación Universitaria le reconoció su derecho a no ser evaluada por su acosador debido a la "enemistad manifiesta" entre ambos. Una victoria, aunque amarga: "Nunca lograré una promoción en la Universidad de Oviedo, porque he osado enfrentarme a una vaca sagrada del departamento", lamentaba el discurso de Núñez, físicamente ausente.

Si la primera edición, celebrada en 2002, sirvió para dar a conocer a la opinión pública que el nepotismo, el 'mobbing' y la prevaricación estaban a la orden del día en los campus españoles, esta última sirvió para pasar revista a los frutos de cuatro años de lucha silenciosa y reflexionar sobre nuevos mecanismos e iniciativas para reforzar la soledad de las víctimas.

En comparación con la atmósfera que vivían las víctimas en 2002, Guillem Bou, presidente del comité organizador, detecta que "ahora la persecución es más fuerte" por lo que el Congreso se ha topado con "muchos casos de gente que quiere recibir toda la información del congreso, pero no participa por temor a represalias".

Igualmente, "ha aumentado el número de casos y se han reforzado los mecanismos de corrupción para seguir aplicando los amañamientos que la ley de universidades de Pilar del Castillo intentó erradicar", denuncia Bou. "Y tras la reforma de la ley será mucho peor", advierte.

Por eso los asistentes al Congreso han presentado un manifiesto y una Plataforma Permanente contra la Corrupción. "Será un observatorio y un grupo de apoyo jurídico, social y psicológico al que puedan acudir las víctimas y desde el que se puedan poner en marcha campañas de concienciación con este problema", dice Bou.

Junto a este profesor catalán, el II Congreso contó con la presidencia honorífica y una ponencia de Eugenio Degroote, organizador de la primera edición. A su juicio, la Ley de Reforma Universitaria aprobada por el PSOE en 1983 es el germen de muchos de los males que sufre actualmente la Universidad Pública: "Dio tanta autonomía a las universidades e implantó un sistema de selección del profesorado tan endogámico que sólo lo superaban los amigos de los que estaban dentro".

El proyecto de reforma de la LOU aprobado el pasado 1 de septiembre por el Consejo de Ministros elimina muchos de los controles que introdujo en 2001 la entonces ministra de Educación, Pilar del Castillo, para erradicar la endogamia de los despachos universitarios.

Según aquella ley, un candidato a profesor funcionario debía superar la habilitación, una serie de pruebas presenciales en las que se aprobaba a quienes tuvieran más méritos para alcanzar el nivel académico en juego (profesor titular, titular de escuela, catedrático...) hasta completar el cupo. Después, las universidades tenían un margen de dos años para convocar un concurso y adjudicar la plaza que se había demandado al Consejo de Coordinación. Por tanto, no podían marear demasiado la perdiz a la espera de que superase la habilitación el candidato de la casa. Tras la reforma, este procedimiento se convierte en una acreditación en la que no tiene cupos, por lo que la superará todo aquel que garantice un nivel mínimo. Además, se deja para el desarrollo reglamentario la composición de los tribunales de acreditación y para los estatutos de cada universidad la de las comisiones que deciden los concursos.

 BARRA LIBRE PARA LA ENDOGAMIA

El proyecto de reforma de la LOU aprobado el pasado 1 de septiembre por el Consejo de Ministros elimina muchos de los controles que introdujo en 2001 la entonces ministra de Educación, Pilar del Castillo, para erradicar la endogamia de los despachos universitarios. Según aquella ley, un candidato a profesor funcionario debía superar la habilitación, una serie de pruebas presenciales en las que se aprobaba a quienes tuvieran más méritos para alcanzar el nivel académico en juego (profesor titular, titular de escuela, catedrático...) hasta completar el cupo. Después, las universidades tenían un margen de dos años para convocar un concurso y adjudicar la plaza que se había demandado al Consejo de Coordinación. Por tanto, no podían marear demasiado la perdiz a la espera de que superase la habilitación el candidato de la casa. Tras la reforma, este procedimiento se convierte en una acreditación en la que no tiene cupos, por lo que la superará todo aquel que garantice un nivel mínimo. Además, se deja para el desarrollo reglamentario la composición de los tribunales de acreditación y para los estatutos de cada universidad la de las comisiones que deciden los concursos.