El catedrático Josep Montanté Capdevila se enfrenta repetidamente otro profesor. Ente sus múltiples acciones, el catedrático remite una carta al rectorado acusando al otro profesor de graves irregularidades. Cuando el profesor afectado pide la carta, el rectorado se niega a dársela. ¿Está permitido en la UAB acusar falsamente a cualquiera, al amparo de los rectores Carlos Solà Ferrando y Lluis Ferrer Caubet? Juzguen ustedes la respuesta. El caso es que el profesor afectado, por vía judicial, tarda 8 años en conseguir que le sea remitida la dichosa carta. La UAB la entrega al juzgado tras años de requerimientos. Finalmente, en un concurso de habilitación, en el que el profesor quiere participar y el catedrático Josep Montanté es el presidente, el Consejo de Coordinación Universitaria, a la vista de la carta y la exposición del profesor afectado, admite la recusación y destituye al catedrático como presidente del tribunal.
¿Qué no haría un catedrático para ser presidente de un concurso de habilitación?
Entre todos los detalles deprimentes de este caso, resulta llamativo particularmente que el catedrático Josep Montanté responda al Consejo de Coordinación Universitaria centrándose en dos líneas de argumentación:
a) La primera, que él no tiene nada que ver con todo lo que se refiera con el profesor afectado. Todo lo que hizo se derivó de órdenes recibidas por otras instancias que él obedeció con toda diligencia (¡incluida la de CAMBIAR MUEBLES EN PERSONA para echar al profesor de su despacho!). Sostiene que hubo votaciones que afectaron al profesor y él se abstuvo "en la mayoría de ellas", de donde se deduce que, en todo caso, si alguien ha obrado mal es el Departamento de Pedagogía Aplicada (¡cuando enciendan el ventilador, agachad todos la cabeza!).
b) La segunda, que él admira (escrito literalmente) al profesor afectado, y entre otras cosas, su capacidad de trabajo en equipo (!). De donde se deduce que con estos amigos, nadie necesita enemigos.
La resolución del Consejo de Coordinación Universitaria, completamente contraria a Montané, expone estas dos líneas en su escrito de análisis.
La pregunta fundamental, intentando sacar un enunciado general de este caso, es: ¿Por qué un catedrático tiene que molestarse en negar sus actos cuando hay pruebas sobradas de acoso o, como mínimo, cierta persecución? ¿No puede decir, simplemente, que se enfrentó al afectado y que el posible delito de calumnias, gracias a la actuación del rectorado, ya ha prescrito? La respuesta la tienen en el título de este apartado.